Tenía que pasar. Ahora hablamos de la lengua. Si escucháramos solo a algunos —que hacen bastante ruido—, podríamos llegar a creer que el castellano se va a eliminar de los centros educativos poniendo en riesgo el futuro de la lengua. Vayamos paso a paso, pero adelanto para los más asustadizos que eso no ocurrirá.
Una ley que trata la lengua abarca de entrada dos áreas muy definidas: el Derecho y la Lengua. Así que empecemos por el área jurídica y detengámonos en la Constitución. Basta con llegar al artículo 3 para encontrar respuesta a casi todas las preguntas que suscita esta cuestión.
Artículo 3
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
El artículo 3.2 de la Constitución establece que en los territorios bilingües —como la Comunidad Valenciana— no tenemos una lengua oficial sino dos lenguas cooficiales. Y es importante entender el significado de cooficialidad: no, el catalán, mal que les pese a algunos, no es una lengua subsidiaria, sino que es tan importante como el castellano. Además, en relación con el artículo 3.3, tiene el Estado español el deber de proteger las distintas modalidades lingüísticas de España. Pero de esto hablaremos en la parte lingüística.
Entonces, ¿de dónde viene tanta polémica? Hay que remontarse a la ley Wert que en el año 2013 con absoluta, pero desapercibida inconstitucionalidad introducía privilegiaba al castellano introduciéndolo como «lengua vehicular» y, posiblemente con cierta ironía, la llamaba «Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa». Ahora, simplemente, se vuelve a la situación anterior en la que de conformidad con la Constitución se respeta la cooficialidad de las lenguas. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, no debe suponer ningún problema comprenderlo. La Constitución reconoce la cooficialidad de las lenguas en los territorios bilingües y la nueva ley educativa se limita a respetarla.
Pasemos ahora a la perspectiva lingüística. ¿De verdad hay alguien tan ingenuo para creer que el castellano está en riesgo de desaparición? A las lenguas las mantienen vivas sus hablantes y el castellano, con más de 500 millones de hablantes, es la cuarta lengua más hablada del planeta. No parece que por aquí vaya a haber problema durante los próximos siglos.
Por otra parte, ningún infante —salvo supuestos concretos de niños con necesidades educativas especiales (NEE)—, llega al colegio sin un alto dominio de su primera lengua (L1). Cuando llegan a Primaria habiendo hablado su L1 en casa y con su entorno más próximo tienen un nivel de dicha lengua que cualquier estudiante de idiomas soñaría alcanzar en una segunda lengua (L2). Por tanto, es completamente falaz que el uso de una lengua distinta al castellano como lengua vehicular en comunidades bilingües pueda poner en peligro el futuro del castellano. Permítaseme ejemplificar conmigo mismo, que he tenido el castellano por lengua materna (L1) y pese a haber estudiado todo (excepto la asignatura de Lengua y Literatura Españolas) en catalán hasta los dieciséis años, no tengo problemas para comunicarme en castellano.
Ahora bien, sí puede ocurrir lo contrario con las «demás lenguas españolas», cuya desprotección puede significar su desaparición al cabo de unas décadas. Por eso decía que del artículo 3.3 de la Constitución hablaríamos luego. Ha llegado el momento de hacerlo. Reconoce la Constitución española que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». No conozco una sola persona menor de cincuenta años criada en la Comunidad Valenciana que no hable castellano. Sin embargo, conozco muchísimas personas que no solo no hablan catalán, sino que están orgullosas de ello. Porque, vayamos resolviendo esto, no nace este conflicto del absurdo temor a una hipotética desaparición del castellano, sino de la xenofobia lingüística que desde hace décadas (ya Franco prohibió el catalán en su día) se cultiva, riega y alimenta en este país.
Por eso, en territorio español tenemos multitud de centros educativos que imparten todas sus asignaturas en inglés o francés y que se acogen al modelo de enseñanza de sus respectivos países sin que nadie ponga el grito en el cielo. No importa no solo que no estudien Historia en español, sino que tampoco molesta que estudien la historia de cualquier otro país en lugar de España o que se rijan por sus modelos de Selectividad. Pero algunos eruditos creen que va a poner en peligro el porvenir de la lengua castellana que en las comunidades bilingües estudiemos Biología, Historia o Filosofía en las lenguas de nuestras tierras.
Yo pienso, escribo y transmito mis emociones en castellano. Sin embargo, he crecido en un territorio bilingüe y, por encima de playas paradisiacas o lugares emblemáticos, no creo que haya mayor patrimonio cultural para un pueblo que su propia lengua. Por eso, se ha de defender el bilingüismo para que las generaciones venideras tengan la opción de ser culturalmente tan ricas como la nuestra. Y por eso celebro que se abra la posibilidad de que en los centros educativos de la tierra en que vivimos llegue a nuestros estudiantes el catalán que les ha dejado de llegar en sus casas. El castellano, no teman, goza de una salud estupenda. Y es nuestro deber contribuir a que el catalán recupere la suya.


